El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Con esta medida se persigue mejorar las fuentes de financiación de empresas, pymes y startups, especialmente a través de cambios en la regulación de dos alternativas a la financiación tradicional: el crowdfunding y el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Por primera vez en España se abre la puerta a un régimen jurídico para las plataformas online de equity crowdfunding; esta modalidad, en lugar de ofrecer recompensas, se basa en financiación participativa mediante la emisión de acciones o participaciones en la startup. Por tanto, las personas que apoyan el proyecto se convierten en socios de la empresa. El crowdfunding basado en recompensas, mecenazgo o compra en primicia quedará fuera de esta ley. Una vez aprobada, las plataformas de equity crowdfunding deberán ofrecer a los inversores acceso  a información suficiente sobre la propia plataforma, el promotor, las condiciones de financiación y los riesgos implícitos en este tipo de inversiones.

Hace unos cuantos meses el Gobierno anunció que limitaría las inversiones a través de esta modalidad, una postura que hoy parece tomar otro camino. Así se distingue entre inversores acreditados y no acreditados. Los primeros pueden ser:

– empresas con más de un millón de euros de activo, una cifra de negocio superior a dos millones de euros o recursos propios por más de trescientos mil euros, ó

– personas físicas o jurídicas con una renta superior a 50.000 euros al año o patrimonio superior a 100.000 euros, siempre que soliciten este tratamiento.

Para los inversores acreditados no habrá límite de inversión pero los no acreditados verán limitada su participación en este tipo de plataformas a 3.000 euros por proyecto con un máximo de 10.000 euros en el conjunto de todas las plataformas. Además, las plataformas deberán solicitarles la firma manuscrita que acredite haber sido informados de los posibles riesgos de la inversión antes de que adquieran ningún compromiso de pago.

La CNMV junto al Banco de España se encargarán de supervisar a las plataformas de equity crowdfunding, cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos o crowdlending.

El objetivo de esta regulación legal del crowdfunding está claro, proteger a los inversores y promover esta solución de financiación para empresas, aunque queda por ver en qué queda el texto definitivo y su eficacia en la práctica.

Redactado por el equipo de MYL. Abogados emprendedores